Reforma del Estado: Un poco más cerca

Alejandro Ferreiro (Fuente: La Segunda, Blogs de opinión, 23 de noviembre de 2009)

Es casi ley de la política. Durante las campañas proliferan promesas y compromisos. Pero sólo unos pocos se harán realidad durante el gobierno electo. Por cierto, la distancia entre lo que se promete y lo que se cumple se explica, en parte, por las urgencias y entusiasmos de campaña; por la aparente necesidad de prometer algo respecto de cada tema imaginable y, también, por esa forma de publicidad engañosa que en este rubro se llama demagogia.

En esto no hay nada nuevo bajo el sol. Así ha sido y así será. Mientras las elecciones se ganen con votos y estos se movilicen más invocando sueños de transformación que explicitando los insoslayables y, en ocasiones, frustrantes límites y gradualismos propios de la acción gubernativa, casi siempre las promesas excederán la posibilidad de cumplirlas. Y mucho más —habría que decir ahora— cuando el período de gobierno se limita a escasos cuatro años y, casi con certeza, quien asuma carecerá de una coalición de apoyo mayoritaria y ordenada en el Congreso.

Reconocer este hecho, sin embargo, no equivale a restarle gravedad. Una parte de la distancia entre la gente y la política tiene aquí su explicación. Por eso, una de las más urgentes exigencias de la política moderna es mejorar la capacidad de cumplir, de traducir programas en realidad, de mover con rapidez y eficacia el aparato del Estado para concretar las políticas públicas que el electorado prefirió. Y por eso es, también, tan importante que el Estado se modernice.

Es cierto, en toda campaña se dicen cosas que no se podrán cumplir. Eso no es bueno, pero tampoco nuevo. Pero en toda campaña se compromete un conjunto esencial de medidas, cuyo incumplimiento sí resultará imperdonable. Ocurre que, en no pocas ocasiones, la incapacidad de cumplir no se explica ni por falta de voluntad, ni por ausencia de apoyo legislativo. Lo que suele fallar es el Estado como instrumento de ejecución. La maquinaria estatal, pese a ser la mejor de la región y a los avances modernizadores recientes, no siempre está a la altura en cuanto a diseño, ejecución y evaluación de políticas. Peca de excesivo centralismo, exhibe fallas mayores en la gestión de su personal, carece de instancias eficaces de coordinación transversal y, en los hechos, exhibe muchas diferencias de capacidades y atribuciones entre los ministerios sectoriales y el de Hacienda.

El Estado dista hoy de ser una máquina aceitada y dúctil, y todo equipo nuevo de gobierno debe dedicar tiempo y recursos que no sobran para, primero, aprender las lógicas de la burocracia y, luego, ponerla en marcha a favor de las prioridades del cuatrienio. Por eso la reforma del Estado debiera importar a todos: a los que creen que es mejor para la democracia que los gobiernos incrementen su capacidad de cumplir lo prometido; a todos los que aspiran a gobernar, porque si efectivamente creen que su programa es bueno para Chile querrán ponerlo en marcha pronta y eficazmente, y, finalmente, a los votantes del gobierno electo que tienen derecho a exigir que prevalezcan los compromisos sobre la inercia.

Pero si bien todos ganan con un Estado de clase mundial, pocos están dispuestos a transformar su reforma en prioridad. Reformar el Estado es un asunto complejo, potencialmente conflictivo y ofrece la peor combinación de costo-beneficio para cualquier gobierno: los costos y el desgaste se pagan al contado, a cambio de beneficios que, casi siempre, se notarán en los gobiernos siguientes. Aún así, cada cierto tiempo la necesidad de reformar el Estado se hace evidente y una ventana de oportunidad se abre. En ocasiones, esa oportunidad la brinda un escándalo bien canalizado políticamente, como lo ocurrido con el llamado acuerdo Insulza-Longueira que aprovechó el caso MOP-Gate para dar luz verde a la creación del sistema de Alta Dirección Pública y a la regulación del financiamiento de las campañas. Esencial para esa reforma fue la existencia de estudios previos, preparados algunos al alero del Centro de Estudios Públicos, cuyo contenido sirvió de base a reformas legales cuya aprobación expedita y consensuada hubiese sido imposible de otro modo.

No es fácil pronosticar cuando se abrirán nuevas ventanas de oportunidad para reformar el Estado de modo sustantivo. Por cierto, un nuevo gobierno siempre es candidato a intentarlo. Lo importante es estar preparados cuando la oportunidad surja. Ese fue el objetivo del Consorcio para la Reforma del Estado que en los próximos días publicará un libro que contiene 19 estudios específicos con propuestas de reforma. Cada estudio tiene su valor. Pero el más trascendente se desprende del esfuerzo de colaboración y consenso logrado por un grupo plural de 11 centros de estudio y universidades con programas de políticas públicas. Lo dijo el ministro Pérez Yoma en abril del 2008: Chile requiere de un acuerdo nacional para un mejor Estado. El Consorcio ha hecho su tarea. Y cuando otra ventana de oportunidad se abra para avanzar hacia reformas mayores, las propuestas y consensos disponibles podrán servir de orientación y aporte para gobernantes y legisladores.